Explicación de la carga pública
La “Carga Pública” hace que la gente tenga miedo de usar beneficios públicos. Pero la Regla de Carga Pública no afecta a todas las aplicaciones de inmigración.
Este artículo le explicará:
- Qué es la "carga pública"
- Qué beneficios se incluyen en la regla
- Quién queda afectado por la regla y quien no
Acerca de la Regla de Carga Pública
Cuando una persona solicita una Tarjeta Verde por medio de una petición familiar los funcionarios de inmigración pueden negar la solicitud por varios motivos. Uno de los motivos es si el gobierno cree que es probable que la persona dependa demasiado de los beneficios públicos en el futuro. Esto se llama la regla de Carga Pública.
El funcionario de inmigración considerará:
- La salud
- La edad
- Los ingresos/recursos
- La educación y destrezas
- Los ingresos de la familia y patrocinador
- El uso de beneficios públicos
El funcionario tiene en cuenta todos estos factores. Consideran factores positivos, como un trabajo o habilidades o el apoyo de un patrocinador. Consideran factores negativos, como bajos ingresos, utilizar beneficios públicos o problemas de salud.Pueden negar una solicitud si creen que la persona dependerá demasiado de los beneficios públicos en el futuro.
Actualizaciones sobre le regla de carga pública
17 de julio de 2026 : La Administración Trump ha emitido una política que elimina la regla de carga pública de la Administración Biden, a partir de 18 de septiembre de 2026. Es probable que esta nueva política cambiara la forma en que la carga pública afecta a ciertas familias inmigrantes. Debido a que estas reglas son complicadas, es una buena idea hablar con un abogado antes de salir del país o solicitar una tarjeta verde.
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Los beneficios públicos son parte de la Regla de Carga Pública
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Para las solicitudes de inmigración sujetas a una evaluación de carga pública, presentadas a partir del 18 de septiembre de 2026, la nueva política permite a los funcionarios de inmigración considerar diversos factores, incluido el uso de cualquier beneficio público basado en bajos ingresos, al determinar si una persona constituye una carga pública. La regla no identifica programas específicos y permite a los funcionarios ejercer su propio criterio.
La nueva política también permite a los funcionarios tener en cuenta el uso de beneficios públicos por parte de un dependiente al realizar la determinación de carga pública. Asimismo, pueden considerar la situación económica del solicitante durante el período en que su dependiente recibió dichas prestaciones.
La nueva política establece que se aplica a las solicitudes de inmigración presentadas a partir del 18 de septiembre de 2026. Por lo tanto, si su solicitud está sujeta a una evaluación de carga pública y fue presentada antes del 18 de septiembre de 2026, únicamente deberán considerarse solamente los siguientes beneficios* utilizados por el inmigrante:
• Ayuda en efectivo:
- Seguro Social Suplementario (SSI)
- Ayuda temporal para familias necesitadas (TANF)
- Compensación general/Asistencia general estatal o local
• Medicaid para cuidado institucional prolongada, como largo plazo en un hogar de enfermería
*No está claro si los funcionarios realmente aplicarán las reglas anteriores. Si presenta su solicitud antes del 18 de septiembre de 2026, consulte a un abogado de inmigración sobre cualquier otro beneficio público que esté recibiendo.
¿Quiénes son afectados por la Regla de Carga Pública?
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La regla no afecta a:
• Ciudadanos de EE. UU.
• Residentes permanentes legales (titulares de la tarjeta verde) solicitando la ciudadanía o renovación de sus tarjetas
• Refugiados: personas que solicitan un estatus de refugiados, o una tarjeta verde como refugiados.
• Asilo: personas que solicitan asilo, o una tarjeta verde como asilados.
• TPS: personas que solicitan inicialmente o se quieren volver a registrar para un estatus de protección temporal
• DACA: personas que solicitan la renovación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
• SIJS: personas que solicitan la condición de Inmigrante Juvenil Especial, o personas que tienen SIJS y solicitan una tarjeta verde
• Visa U: personas que solicitan una visa U o que tienen una visa U y solicitan una tarjeta verde
• Visa T: personas que solicitan una visa T; y personas que tienen una visa T y solicitan una tarjeta verde
• VAWA: personas protegidas bajo la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA) y personas con VAWA que están solicitando una tarjeta verde
• Personas que solicitan la suspensión de deportación o beneficios bajo la Convención contra la Tortura
• Cubanos que solicitan un ajuste de su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano
• Amerasiáticos que solicitan ingresar a EE. UU.
• SIV: intérpretes y traductores afganos e iraquíes que solicitan visas especiales de inmigrante
• Registro: personas que solicitan el registro (han vivido en los EE. UU. desde antes del 1.º de enero de 1972)
• NACARA: personas que solicitan beneficios bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda Centroamericana
• HRIFA: personas que solicitan beneficios bajo la Ley de Imparcialidad en la Inmigración de Refugiados Haitianos (HRIFA)
• Personas con permiso de ingreso Lautenberg
• Otros ciertos inmigrantes "humanitarios"
Fuente: Catholic Legal Immigration Network, Inc. -
Se aplica a:
• Inmigrantes que solicitan una tarjeta verde (residencia permanente legales) basándose en una petición familiar. (Personas que tienen una visa U o T y personas con VAWA están excepto.)
• Residentes permanentes legales que se fueron de los EE. UU. por más de seis meses y quieren volver a entrar en EE. UU.
• Personas considerando entrar a los EE.UU. temporalmente como “no-inmigrantes.”
¿Cuáles son los cambios en la regla de carga pública?
La Administración Trump ha emitido una política que elimina la regla de carga pública de la Administración Biden, a partir de 18 de septiembre de 2026. La nueva política permite a los funcionarios de inmigración considerar el uso de cualquier beneficio público basado en bajos ingresos, a partir del 18 de septiembre de 2026, al realizar una determinación de carga pública. La regla no identifica programas específicos y permite a los funcionarios ejercer su propio criterio.
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